(Texto publicado en Medieros del periódico La Jornada de Oriente. Miércoles 26 de marzo de 2008).
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/03/26/puebla/s1med11.php
Que no se enteren, que México no sepa, que nadie tenga acceso, que el material electoral no sea sujeto al escrutinio de la revista incómoda y de los electores -aunque con su dinero se paguen las elecciones más caras del mundo (las de México), que nunca la revista Proceso, tan molesta tan incómoda –a tanto que ha sido vetada por Comunicación Social de Presidencia de la República-, tenga el poder de revisar voto por voto y boleta por boleta, porque independientemente de que ya no se tenga injerencia en el resultado oficial de la contienda de 2006, sí, poder corroborar el fraude, sería un golpe más para la democracia simulada de México, así los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hacen una vez más, cómplices del delito.
Margarita Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Fernando Franco González, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, le niegan a Proceso el derecho de acceso a la información al desestimar la petición de acceso a los paquetes electorales efectuada por Rafael Rodríguez Castañeda, director de la publicación.
Los ministros ignoran y hacen a un lado lo establecido en el artículo sexto constitucional respecto a la prevalencia del “principio de máxima publicidad sobre la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal”.
Para los cinco magníficos de la opacidad la develación del contenido de las boletas electorales no tiene fines informativos, sino políticos. Fernando Franco González Salas, ministro que votó en contra del amparo, argumentó “yo no veo cómo puede ser diferente la solicitud de información de todas las casillas en los 300 distritos, si no es para contrastarla con lo que oficialmente se dio a conocer”, o sea, que no encuentra razonable la duda de un periodista y de cientos de miles de mexicanos sobre un proceso electoral caracterizado por el desaseo, el delito, y probablemente el fraude, no, para qué la quieren, qué tal si finalmente descubren que es mentira lo que el TEPJF ya declaró como válido – la presidencia para Calderón-, qué tal si se revela que en efecto AMLO tuvo razón en decir “que se vayan al diablo con sus instituciones”, porque son esas las instituciones que han puesto en jaque la vida política y democrática de México y hoy, una vez más, se acuestan con la mediocridad y le niegan a México el inalienable derecho de saber, al fin, el silencio de la sociedad y la candidez del resto de los medios -electrónicos e impresos, acostumbrados a mentir, la mayoría-, lograrán que la cosa pase al olvido y que en México nadie se entere de nada. Una vez más.
Al diablo con esa institución en la trabaja el servidor público mejor pagado del mundo: Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien devenga un salario anual de 3 millones 709 mil 521 pesos, eso para que en 2 horas con 20 minutos le diga a México que no, porque yo y otros cuatro ministros magníficos millonarios como yo, decimos que no, que no tienen derecho de saber; que está bien vivir en la opacidad.
Aun falta la resolución sobre el amparo que promovió Serio Aguayo, reconocido investigador del Colmex, (también relativo a la exposición de la información electoral). Pocas son las esperanzas que se pueden tener en la SCJN, institución que han exonerado a Mario Marín por violar las garantías individuales de Lydia Cacho, Institución que ha negado el acceso a la información pública, porque así es mejor, porque es la opacidad el espacio preferido del delito, del fraude, del engaño y de la corrupción, porque es la opacidad el sello distintivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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